Tras 16 años, la Ley General de Turismo fue actualizada con el objetivo de fortalecer el sector y generar 34.000 empleos en el país. Entre sus principales novedades, crea las Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT), áreas con beneficios tributarios para incentivar la inversión.
Estas zonas exoneran del Impuesto a la Renta (IR) a las empresas que inviertan en ellas: 0% durante los primeros cinco años, 10% del sexto al décimo año y 15% del undécimo al decimoquinto. Para acceder a estos beneficios, las compañías deben ser nuevas personas jurídicas o sucursales autorizadas y destinar la inversión a activos fijos dentro de las ZEDT.
Aunque el gobierno sostiene que esta medida promoverá la formalización y el crecimiento del turismo, especialistas advierten sobre el impacto fiscal negativo que puede generar la reducción de ingresos tributarios. El Consejo Fiscal destacó la necesidad de monitorear la eficiencia de estos incentivos, pues la depreciación acelerada, aunque favorable para las empresas, puede afectar la recaudación a largo plazo.
El profesor Jorge Luis Ojeda reconoce que, aunque habrá una baja temporal en el IR, esta podría ser compensada con mayores ingresos por el Impuesto al Valor Agregado (IGV). Sin embargo, subraya que estos beneficios no deben extenderse indefinidamente para garantizar la sostenibilidad fiscal.
El economista Fernando Cuadros señala que la exoneración no asegura reinversión ni desarrollo económico. Destaca que los principales desafíos del sector están en la infraestructura, conectividad y acceso a financiamiento para micro y pequeñas empresas.
La nueva ley también contempla otros incentivos, como la depreciación acelerada del 20% anual para construcciones turísticas durante 2026 y 2027, la deducción del 50% de gastos en servicios turísticos y artesanales, y un régimen especial para la recuperación anticipada del IGV para inversiones mayores a un millón de dólares.
Se prohíbe la tercerización en las ZEDT, y las empresas beneficiarias deben presentar declaraciones anuales y someterse a evaluaciones técnicas cada tres años. En caso de incumplimiento, perderán los beneficios y pasarán al régimen general del 29,5% de IR.
La ministra Desilú León destacó que esta ley representa un compromiso con un turismo más formal, inclusivo y competitivo en todo el territorio.
Esta reforma fue sancionada por el Congreso de Perú.
Fuente: La Republica-Perú
