El Gobierno quiere proteger el trabajo de actores y actrices frente al avance de la inteligencia artificial. En el borrador del nuevo Estatuto del Artista —al que accedió EL PAÍS— se deja claro que nadie podrá usar su imagen o voz para entrenar sistemas de IA sin su consentimiento previo. Además, si aceptan ese uso, deberán recibir una compensación económica.
El texto, que aún se está negociando entre el Ministerio de Trabajo, Cultura y representantes del sector, incluye una cláusula específica: salvo que se pacte por escrito, las empresas no podrán usar ni ceder la imagen ni el trabajo artístico de una persona para alimentar algoritmos que imiten, repliquen o generen contenido con inteligencia artificial.
Este tema viene generando preocupación, sobre todo entre los actores de doblaje, quienes ya empezaron a incluir en sus contratos cláusulas que impidan ese uso. “Yo vivo de mi voz. Si me la emulan, estoy acabado”, decía un profesional en una nota reciente. Y no es para menos: para crear voces sintéticas creíbles, las máquinas necesitan procesar grabaciones con distintas emociones, como alegría, miedo o cansancio. Con esos datos, los sistemas pueden crear versiones digitales que suenan —y se mueven— como los originales.
El temor no es solo por la voz. También el gesto cuenta: grabaciones de actuaciones reales pueden servir para entrenar modelos que reproduzcan movimientos y expresiones, incluso rejuvenecer digitalmente a un actor o traer de vuelta a alguien que ya no está.
La idea de este estatuto nació en 2018 con un objetivo claro: actualizar las reglas del juego para una profesión con ingresos y contratos que cambian todo el tiempo. Algunas mejoras ya se aplicaron, como permitir cobrar la pensión sin dejar de trabajar en el arte, o facilitar el acceso al desempleo. Pero otros puntos siguen en discusión, como los beneficios fiscales y el reconocimiento de enfermedades propias del oficio, como la afonía.
Según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, las negociaciones avanzan “adecuadamente” y confía en que pronto haya un acuerdo que refleje las necesidades reales del sector artístico.
Fuente:Manuel G. Pascual.EL PAÍS.
