En 2017, Australia cerró su última planta automotriz: Holden, tras décadas de producción local. Este final marcó la salida definitiva de empresas como Ford y Toyota, que también abandonaron el país por los altos costos laborales, el bajo volumen del mercado interno y la falta de políticas sostenidas de incentivo a la industria.
Las consecuencias no tardaron en sentirse: pérdida de miles de empleos directos e indirectos, desaparición de proveedores locales, caída de economías regionales y pérdida de capacidades técnicas y tecnológicas que tardan años en recuperarse. Muchas ciudades industriales quedaron sin alternativas claras, con un aumento del desempleo y una reconversión que aún hoy no logra completarse del todo.
Hoy, en Argentina, miramos con atención lo que ocurre en Tierra del Fuego, donde la industria electrónica —principalmente ensambladoras de celulares, televisores y computadoras— enfrenta una amenaza similar. Los cambios en las políticas de promoción industrial y la apertura a productos importados ponen en jaque a una estructura que emplea a más de 10.000 personas de forma directa y muchas más en forma indirecta.
¿Puede repetirse la historia australiana en el sur argentino? Si se desmantela ese polo productivo sin un plan de transición real, el impacto social y económico podría ser profundo. Además, se perdería soberanía tecnológica y la capacidad de sostener una industria nacional de base tecnológica.
Australia es un espejo: cerrar sin pensar en el después deja una herida difícil de cerrar. Tierra del Fuego todavía está a tiempo.
