“Pymes en la cuerda floja: la mayoría ignora las normas ambientales obligatorias”

La sostenibilidad dejó de ser una opción para convertirse en una exigencia legal. Desde octubre de 2024, con la aprobación de la Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, miles de empresas —incluidas muchas pymes— deben reportar públicamente su impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG) conforme a la nueva Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), en vigor desde 2025.

Pese a este avance normativo, la mayoría de las pymes aún no están listas. En el sector textil, solo el 26,5% aplica planes de sostenibilidad, y en el de servicios medioambientales, el 68,7% carece de uno. Las microempresas, en particular, enfrentan mayores obstáculos: escasos recursos, desconocimiento normativo y dificultades para acceder a ayudas públicas. Esto las deja expuestas a sanciones y a perder oportunidades comerciales.

El sector textil —responsable de hasta el 10% de las emisiones globales y del 20% de la contaminación del agua— enfrenta una urgencia doble: reducir su impacto y adaptarse a la escasez futura de materias primas. Aunque muchas empresas adoptan prácticas como el reciclaje y el consumo responsable, menos del 26% rinde cuentas de sus acciones sostenibles. El tamaño de la empresa influye directamente en su capacidad para implementar estrategias integrales.

En los servicios medioambientales, la paradoja es evidente: operan en un entorno de sostenibilidad, pero solo el 32,5% tiene certificación ambiental. La complejidad técnica y burocrática desalienta incluso la solicitud de ayudas. Además, solo una de cada cuatro empresas cuenta con un plan estructurado y más de la mitad de las que no lo tienen, no planea implementarlo.

Para revertir este panorama, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) ofrece desde enero 25 cursos gratuitos para sensibilizar y capacitar a las pymes. Incluyen contenidos específicos para los sectores textil y ambiental, desarrollados junto con la Escuela de Unidad Editorial (ESUE), y financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Fuente: El Mundo – Daniela Saltos