El gobierno de Pedro Sánchez ha quedado en el centro de una creciente controversia internacional por adjudicar contratos a empresas tecnológicas chinas como Hikvision y Huawei, pese a las advertencias de aliados occidentales. La decisión se interpreta en sectores diplomáticos como un acercamiento estratégico a Beijing, en un momento de alta sensibilidad geopolítica.
Uno de los puntos más críticos es la instalación de cámaras de videovigilancia de Hikvision en lugares clave como La Moncloa, el Ministerio del Interior y otras dependencias del Estado. Se trata de una firma vetada por Estados Unidos, Reino Unido y el Parlamento Europeo, entre otros, por su presunta participación en mecanismos de vigilancia masiva y represión en Xinjiang, donde se denuncian violaciones a los derechos humanos contra la población uigur.
Además, el Ministerio del Interior español firmó un contrato de 12,3 millones de euros con Huawei para gestionar y almacenar escuchas judiciales, a través de los servidores OceanStor 6800 V5, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde el Senado estadounidense. Según una carta del Comité de Inteligencia al gobierno de Joe Biden, esta decisión podría facilitar el acceso del Partido Comunista Chino a información clasificada, afectando la seguridad de la OTAN.
Internamente, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también expresó su “profunda desconfianza” por el creciente uso de tecnología china en áreas sensibles. “Se está priorizando el negocio por sobre la seguridad del Estado”, advirtió un funcionario de inteligencia.
En defensa de estas contrataciones, tanto el gobierno chino como las empresas involucradas han negado cualquier vinculación con actividades de espionaje. Sin embargo, el malestar crece entre los socios transatlánticos de España, que ven en estas decisiones una amenaza latente para la seguridad europea y occidental.
Las adjudicaciones a Hikvision y Huawei fueron realizadas por el gobierno español entre 2021 y 2025.
