La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) presentó una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y pidió una intervención urgente para suspender lo que considera un “peaje municipal encubierto” en Ramallo, provincia de Buenos Aires.
El conflicto se concentra en un tramo de 5,1 kilómetros del ex Camino Provincial Ruta 87, conocido como Acceso Sánchez, que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás.
Según la entidad empresaria, el esquema aprobado por el municipio contempla la instalación de dos pórticos tecnológicos y cobros de hasta $37.000 por cada pesaje dinámico, además de otros $25.000 por vehículo para acceder a determinados predios industriales o playas de estacionamiento mediante un sistema electrónico.
A estos cargos se suma una tasa del 2% sobre el combustible, que el municipio cobra desde enero en las estaciones de servicio locales.
FADEEAC sostiene que el esquema podría convertirse en un antecedente peligroso para el transporte y el comercio interior. Su presidente, Cristian Sanz, cuestionó la posibilidad de que los municipios creen barreras económicas que terminen encareciendo el movimiento de mercaderías.
La federación argumentó además que el sistema podría entrar en conflicto con normas federales, entre ellas la Ley de Coparticipación Federal y la Ley Nacional de Combustibles. Por eso solicitó al Ministerio de Economía que impulse una medida cautelar para suspender los cobros y posteriormente avanzar hacia la derogación de la ordenanza.
La concesión fue otorgada por 20 años y contempla tareas de mantenimiento, bacheo, iluminación y demarcación del corredor. FADEEAC cuestiona, sin embargo, que la recaudación prevista resulte desproporcionada frente al costo de conservación del camino.
El reclamo también suma el respaldo de empresas de transporte e industrias de la zona. Según las compañías, el corredor constituye una vía clave para el tránsito pesado hacia establecimientos industriales y el Puerto de San Nicolás.
Las empresas estiman que el impacto anual podría ubicarse entre $100 millones y $500 millones por compañía, dependiendo de la actividad y frecuencia de utilización del corredor.
Para FADEEAC, el problema excede a Ramallo: el temor es que se multipliquen sistemas similares en distintos municipios y terminen formando una red de costos adicionales para transportar mercadería dentro del país.
