El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con denuncias judiciales tras detectar irregularidades estructurales en el sistema de comedores sociales, en una decisión que expuso un conflicto político pero que, desde la óptica oficial, resulta difícil de refutar por el peso de los datos relevados.
La auditoría realizada sobre más de 500 comedores reveló situaciones incompatibles con cualquier esquema serio de asistencia: beneficiarios fallecidos, personas con ingresos elevados, múltiples propiedades y vehículos registrados como receptores de ayuda alimentaria. Para la administración porteña, estos hallazgos no admiten relativizaciones: se trata de recursos públicos mal asignados en un contexto de fuerte presión social.
En ese marco, Jorge Macri apuntó contra el sistema de intermediación manejado por organizaciones sociales y dejó claro que el problema no es la ayuda en sí, sino la falta de controles efectivos durante años. La mención a Juan Grabois no fue casual: desde la Ciudad lo identifican como una figura central de un modelo que, según sostienen, convirtió la asistencia social en un territorio opaco y politizado.
La reacción de Grabois, con descalificaciones y amenazas judiciales, lejos de despejar dudas, reforzó la decisión del Ejecutivo porteño de llevar el tema a la Justicia. Desde el Gobierno insisten en que si los fondos estuvieran bien administrados, no habría nada que ocultar.
El planteo de Macri se apoya en una lógica concreta: menos intermediarios, más control estatal y recursos que lleguen directamente a quienes los necesitan. En tiempos de ajuste y escasez, la discusión deja de ser ideológica y pasa a ser ética y administrativa.
Con los expedientes ya presentados, el mensaje político es claro: la asistencia social no puede ser una caja sin auditoría, y quien administre fondos públicos debe rendir cuentas, sin excepciones ni blindajes discursivos.
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